HUMANIZAR LA ADMINISTRACIÓN

Estando próximos a finalizar el Curso de fundamentos sobre la igualdad de trato y no discriminación, se nos ha solicitado desde el INAP la publicación de un último reto en nuestro Blog en el que reflexionemos sobre nuestro papel como empleados públicos en la implementación de los contenidos estudiados.

Durante estos días de aprendizaje he centrado mi estudio sobre dos colectivos concretos, personas con discapacidad y enfermos. Por ello, en mi primer reto plantee las dificultades de estas personas a la hora de contratar seguros, siendo objeto de cláusulas discriminatorias por razón de su situación personal que les impedía un trato en igualdad de condiciones frente al resto de clientes. Por otro lado, mi segundo reto se centró en la descripción de una actividad inclusiva pública dirigida a niños hospitalizados o en situación de enfermedad de larga duración, desarrollada por la Comunidad Autónoma de Cantabria, que permitía a los mismos continuar con su derecho a la educación.

Me gustaría despedirme de este curso compartiendo una reflexión sobre cómo las personas que trabajamos en el sector público podríamos participar y colaborar en la labor de inclusión y no discriminación, y para ello me he detenido en el estudio de una noticia de actualidad que versa sobre la crisis que se está produciendo en la Seguridad Social.

https://www.ondacero.es/noticias/economia/colapso-seguridad-social-que-debe-bloqueo_2023030264002e8dcd6f270001b38d14.html

https://www.elmundo.es/madrid/2023/02/24/63f78692fc6c83d91b8b45ac.html

A la luz de lo descrito en sendas noticias, se plantean dos cuestiones claves que contribuyen a los retrasos a la hora de gestionar pensiones y prestaciones públicas. Por un lado se plantea la escasez de personal en los organismos y unidades de esta institución, y por otro lado se denuncia la dificultad de los ciudadanos para la obtención de cita presencial.

Estos retrasos tanto en la atención al ciudadano como en la tramitación de sus derechos supone un impacto directo en personas más vulnerables y genera una discriminación directa para ciertos colectivos.

Así por ejemplo, los ciudadanos de mayor edad pueden quedar apartados del sistema al no poder ser atendidos presencialmente, y ello por la dificultad que en ocasiones pueden tener con el uso de nuevas tecnologías.

En este sentido me gustaría destacar la noticia elegida por un compañero en su blog en la que aludía al conocido movimiento “Soy mayor, no idiota”. Su lectura me pareció francamente interesante e indagando en la cuestión he observado que los cambios prometidos no se han producido aún:

https://www.antena3.com/noticias/economia/impulsor-campana-soy-mayor-idiota-decepcionado-porque-cambiado-atencion-bancos_20220922632c61ffcff9ff00012cba1c.html

Por ello la reflexión que me gustaría compartir con todos los compañeros del curso es como nuestra labor de empleados públicos puede volver a “humanizar la Administración”.

Es cierto que vivimos en una nueva era digital de la que no puede ser ajena la Administración Pública. Las nuevas tecnologías suponen la posibilidad de procesos mucho más ágiles y eficientes que contribuyen al bien común. Por ello la exigencia de medios, tanto humanos como materiales, son necesarios para la solución de este conflicto. Pero no podemos olvidar la parte humana del problema y que es con la que lidia el funcionario en su día a día. 

La mayor parte de los ciudadanos que acuden a esas oficinas están pasando por momentos personales complejos, fallecimientos de sus familiares, pérdidas económicas, cambios de empleos, solicitud de prestaciones, etc.

Las estructuras clásicas ya no sirven. El funcionario ha de ser, sin ningún género de dudas, el protagonista del cambio. Los procedimientos deben ir acompañados del trato humano, sin que nadie pueda sentirse sólo o inútil por no ser capaz de pedir una cita online.